Desafios de la Hora

"Por una educación emancipatoria

para la igualdad y al servicio

de las mayorías populares.

Democracia participativa y

distribución de la riqueza"

Los trabajadores de la educación de Entre Ríos nos encontramos ante un nuevo escenario de conflictividad, en una sociedad que tiene como característica principal la exclusión y la desigualdad social, producto de décadas de políticas neoliberales.
En un marco nacional de escalada inflacionaria y donde la tan mentada redistribución de la riqueza sigue aguardando la constitución de las bases de un modelo de sociedad capaz de hacerlo realidad.
Resulta irrenunciable en ese marco, la legítima aspiración de un salario que impida el descenso de trabajadores a la olvidada categoría de “nuevos pobres”, que en esta situación de inflación debe ser tenida en cuenta, al tiempo que otros trabajadores de la educación orillan la línea de la “indigencia”.
Cualquier política que pretenda redistribuir la riqueza en un sentido progresivo y de justicia social, debe imponerse en primer lugar y bajo este contexto, centrar al salario como factor virtuoso de la economía, ampliador de la capacidad de consumo y por consiguiente de un mercado interno de modesta recomposición. Sería el primer paso para cuestionar la teoría ortodoxa de la economía que hoy reduce su visión a aspectos parciales y falseados de la realidad, tales como “desborde salarial”, que por ello “hay que enfriar la economía”; para ello “reducir el gasto” y que por lo tanto es imprudente todo aumento salarial y de los presupuestos en la cosa pública para evitar inflación.
Los trabajadores sabemos mejor que nadie, que sin aumentos salariales que permitiesen salir de la pobreza e indigencia, la inflación igualmente aumentó, lo cual desmiente en los hechos las suposiciones neoliberales y pone en cuestión los temores del oficialismo “neokeynesiano” que no asume el control estatal de la producción y la comercialización, principales herramientas antiinflacionarias

No ignoramos la particularidad de las cuentas públicas en Entre Ríos, que en lo que a Educación se refiere se encuentra condicionada a una serie de factores, que deberían ser puestos en una mesa de discusión, para encontrar una verdadera salida al nuevo y recurrente conflicto educativo:
-Transferencia Educativa de la Nación a las provincias, lo cual en épocas de auge neoliberal capitalista significó la medida originaria del desfinanciamiento, vaciamiento y abandono de la escuela pública que se extiende hasta nuestros días.
-Ausencia de un esquema impositivo de mayor progresividad: apoyamos y aspiramos a que se hagan efectivas las insinuaciones oficiales en dirección a gravar con ingresos brutos al agro y en particular cobrarle a los pooles de siembra y todo sector concentrador de tierras y propiedad. Debería ser la base de aquello de que “paguen más quienes mas tienen”. Proponemos que se incluya en ello a las grandes empresas vinculadas al sector de los agronegocios.
-Esquema de Coparticipación Federal más justo para la Provincia : bajo un concepto cuestionador tanto del centralismo sobredimensionado como del “autonomismo” exacerbado del “campo” y apuntando a un desarrollo integrado de país.
-Deuda de Incentivo Docente, sin perjuicio de un salario básico que debe ser la base para la redistribución de la riqueza, la futura movilidad jubilatoria y la dignidad de los trabajadores.
-La no inclusión de la educación entrerriana en el “Acta de Reparación Histórica”. Hasta el momento se habla de muchas obras, pero ninguna de ellas referidas a la apremiante situación edilicia de las escuelas entrerrianas. Exigimos la creación de nuevas escuelas (que no es lo mismo que edificios nuevos), ya que han pasado muchos años de las construidas al menos en la ciudad de Concordia
-Falta de fondos educativos nacionales para compensar aquella transferencia. Exigimos al Ministerio de Educación de la Nación y al Ejecutivo Nacional que asuma un rol mas activo y asuma estos conflictos como propios.

Desde la AGRUPACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION “ANIBAL PONCE” sostenemos la irrenunciable necesidad, como clase trabajadora, de no ceder en el planteo de una intransigente defensa de la escuela pública, del salario de los trabajadores y del derecho a huelga. De allí nuestro rechazo a las poco felices expresiones del ministro de Gobierno, Adán Bahl, quien entiende la educación como una mera “contraprestación”, revelando una concepto de educación acorde con un “servicio” de menor rango y mostrando total desprecio por los derechos de los trabajadores.
Este posicionamiento que esgrimimos va de la mano de reconocernos como parte de un activo social llamado comunidad educativa, que ve con mucha preocupación la nueva fase del conflicto dado por la incapacidad del gobierno de brindar respuestas acordes con los reclamos.
En este sentido entendemos que el nuevo paro dispuesto por nuestra AGMER debe ser sostenido sobre la base de una lucha que se sostenga en la movilización y la participación activa tanto dentro de las escuelas, en las aulas, las asambleas, como en los debates gremiales y la movilización en las calles. Para ello debe articularse la lucha reivindicativa salarial con todo el activo social educativo: docentes, estudiantes y padres, en primer lugar
Ello debe ir de la mano de medidas de acción creativas y efectivas, que pongan en evidencia la insuficiencia de una política educativa y de los actores políticos que la sustentan, que no son capaces de resolver las mejores condiciones para una educación pública EMANCIPADORA E IGUALITARIA, la dignificación de los trabajadores de la educación a través de su salario y que siente las bases para una sociedad con verdadera justicia social.

AGRUPACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION “ANIBAL PONCE”.
Docentes y estudiantes de la ciudad de Concordia.-