jueves, 17 de septiembre de 2009
UN PASO ADELANTE
Se ha visto como en la Argentina a la hora de tratar y encarar los temas medulares se definen posiciones y que, aun con importantes dosis de confusiones, hay aguas que tienden a aclararse y permiten a la ciudadanía visualizar quien es quien a la hora de evaluar nuestra realidad y actuar en consecuencia.
Uno de esos momentos fue el que se vivió la tarde y noche de este 16 de septiembre, con el tratamiento del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El mismo día en que hace 33 años hacían desaparecer los lápices de la juventud que se organizaba para ganarse el futuro; asomaba una ley que permitirá a más medios de comunicación populares, verdaderamente democráticos y progresistas, de las profundas organizaciones sociales de este país acometer no solo al rescate de la memoria histórica, sino a plantear con trazos mas firmes y decididos, con mas espacios para la batalla de ideas, todo lo que hace falta para avanzar en toda la línea de los derechos sociales, económicos y culturales.
La confusión, la hipocresía, la mentira y la distorsión fueron los grandes derrotados en el recinto de la Cámara de Diputados. Solo observar la amañada cobertura periodística de Clarín y sus aliados basta para entender de que hablan cuando dicen “libertad de prensa” los detractores de este proyecto. La libertad de ellos para deformar la percepción humana en función de sus intereses de clase.
A los que con voz de cocodrilo reclamaban consenso, democracia, menos soberbia, más participación, federalismo, etc, se les cayó la careta. Se retiraron del recinto sin debatir y solo esgrimiendo sus argumentos, sin escuchar los otros y profiriendo amenazas de impugnar una sesión que registró profundos planteos respecto a las relaciones de poder, los multimedios de (des)información, los derechos sociales en juego y el lugar donde se debe ubicar a la política para que no se someta al poder massmediático.
En ese patético espectáculo tuvieron un papel estelar los legisladores del radicalismo, la Coalición Cívica, la Unión PRO y el llamado Peronismo Disidente. Fueron parte de ello los entrerrianos Cristina Cremer de Busti, Gustavo Zavallo, María de los Angeles Petit, Gustavo Cusinato, Sergio Varisco y Emilio Martínez Garbino, quien asumió un triste voto negativo.
Quedó claro que el objetivo del cual formaron parte los nombrados era ese: primero que la ley no llegue nunca a un Congreso Nacional, segundo que no llegue al recinto, tercero no debatir, y cuarto impugnar. Siempre para evitar discutir la nueva norma y permanezca firme la ley dictatorial, monopólica y privatizadora.
De aprobarse la ley en el Senado, quedaran en la historia como quienes se opusieron a una norma que deroga la de la dictadura y la reemplaza por otra que, sin ser perfecta, constituye un importante avance en la desmonopolización de los medios, la apertura del espacio democrático de un mayor protagonismo de las organizaciones sociales y el necesario control que el estado debe hacer sobre el desarrollo de un bien público y humano como es la comunicación de masas.
El Partido Comunista de Entre Ríos saluda a todos y cada uno de los diputados que concientes de su rol histórico y sus convicciones discutieron, propusieron modificaciones, argumentaron sinceramente para un nuevo sistema de medios democrático en la Argentina y aprobaron la mejor norma posible.
Los comunistas entendemos que se podría haber aprobado una norma con mayor énfasis en el control a los monopolios y a la incidencia de los grupos de poder en el mercado massmediático. Sin embargo, entendemos que si los senadores están a la altura de las circunstancias, contaremos con una norma que amplia el espacio democrático, distribuye la riqueza, el poder y la cultura y acerca a nuestro país al proceso transformador que tiene a la integración latinoamericana y la soberanía popular como sus principales ejes a construir y profundizar, en el camino que proponemos, que es el socialismo del siglo 21.
En tal sentido destacamos que el Espacio Abierto de la Militancia Popular recientemente constituido y el cual formamos parte junto a otras organizaciones populares, haya tomado como un punto concreto para la construcción el apoyo a esta norma y su correspondiente debate. Vale decir que la batalla no ha concluído, que falta Senadores, que se reglamente con el mismo espiritu con que se legisló, aplicarla como corresponde a un estado de derecho y resistir todos los embates que ya la derecha está lanzando contra esta ley.
El amplio arco de alianzas en el Congreso así como la amplitud y la profundidad encarnada en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, con capacidad para actuar con elementos positivos de la actual gestión gubernamental, marca los trazos a seguir para una Argentina diferente y a tono con un nuevo modelo de sociedad.
Partido Comunista
Comité Provincial Entre Ríos
Ramón Cabrera, secretario general
Alejandro Milocco, secretario adjunto
Leandro Pozzi, secretario de prensa y difusión
martes, 8 de septiembre de 2009
Ley de medios: Profundizar el debate
Ante el tratamiento en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde el Partido Comunista de Entre Ríos saludamos la incansable lucha de numerosos periodistas, trabajadores de prensa, agrupamientos comunicacionales diversos, colectivos sociales, movimientos sociales, comunitarios y cooperativos, y partidos políticos para terminar con el nefasto arbitrio dictatorial en la materia.
Es ese amplio colectivo el que desde una práctica de unidad, debate y movilización, agrupados en la Coalición por una Radiodifusión Democrática, de donde surgen los 21 puntos, hoy ampliamente contenidos en un Proyecto que debe ser debatido con honestidad intelectual, sin chicanas absurdas y con el espíritu democrático y pluralista necesario para ello.
La reducción de las licencias posibles por el mismo propietario, la regulación del estado para la posesión de las mismas desde un órgano democrático que reemplace al COMFER, la apertura efectiva y real a los medios cooperativos y de carácter social, la concepción de la comunicación como bien social y no como mercancía, que el estado regule las tarifas de las empresas de cable, entre otros puntos contenidos en la norma, habilitan a un profundo debate, que por el solo hecho de darse; y precedido por la intervención del estado en las extraordinarias ganancias en el fútbol, pone en el centro del debate el rol del estado y el de la televisión pública.
Existe una importante base para descontar que nos encontramos ante un proyecto que plantea claramente que habrá un necesario ordenamiento al tema comunicacional en la Argentina , con un sentido social y democrático, y con la adecuada intervención del estado.
Es esto lo explica la furibunda reacción del llamado arco opositor en la Argentina , que en este tema como en otros incluye a derechistas varios, oportunistas de todos los colores, y llamativamente a expresiones que llamándose nacionales, populares o de izquierda son funcionales a la embestida del grupo Clarín. El cuadro de situación es completado por algunos periodistas (felizmente no todos) que reproducen el mensaje en esa dirección sin siquiera haber leído el proyecto, con recortes amañados del texto.
Solo echar un vistazo al sentido común forjado en la Argentina por parte de ese emporio mediático y sus similares en Latinoamérica basta para comprender la batalla no ya económica sino profundamente cultural e ideológica que se está librando. Es en ese terreno donde deben definirse las posiciones ante este proyecto y no atacando a un gobierno que no es propietario del mismo, según sus propias palabras, y que por mínimo respeto de la historia ni siquiera debería ser aclarado.
No negamos que el proyecto es perfectible y en esa dirección proponemos que dentro del 33% destinado a las ONG debe haber una asignación clara y específica para los medios comunitarios, alternativos y de carácter social. Asimismo que en el organismo que reemplace al COMFER tengan participación efectiva las organizaciones de trabajadores de la comunicación y de aquellos medios que reclamamos estén incluídos específicamente en ese 33%.
Asimismo se deben observar mecanismos de control y adecuada regulación con respecto a la inclusión de las telefónicas en el mercado mediático, sin dejar intersticios que favorezcan un nuevo monopolio.
Los intereses en juego ameritan que los sectores populares nos movilicemos en unidad sigamos de cerca los debates y estemos prestos a generar las iniciativas políticas necesarias para enfrentar los intentos de boicot que los sectores de poder agudizarán en estos días, porque la batalla por un sistema de medios democrático, pluralista y que sea base para una nueva sociedad, recién comienza.
Entre Ríos, martes 7 de septiembre de 2009
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